Neiva, 14 de julio de 2016. La Red Nacional de Democracia y Paz -RNDP, constituida como una apuesta de construcción de paz con enfoque de Derechos Humanos y conformada por más de 70 organizaciones de 20 Departamentos, lamentamos profundamente y rechazamos la persecución absurda de la que ha sido objeto el defensor, investigador y catedrático de la Universidad Surcolombiana, MILLER DUSSAN CALDERÓN, quien ha liderado desde hace más de 6 años, junto con otros promotores de derechos humanos de la región, la defensa del territorio y la denuncia permanente de las violaciones de derechos fundamentales, que la multinacional EMGESA ha causado a más de 500 familias campesinas de la zona de influencia del embalse, expulsados de sus territorio por la inundación de 8.500 hectáreas productivas como consecuencia de la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo, así como la afectación económica, sociales y culturales a comunidades de los 6 municipios en los que se desarrolla el proyecto, obra impuesta por el gobierno del entonces Presidente Alvaro Uribe Vélez.
Se trata de la decisión del Juzgado de Gigante Huila contra MILLER DUSSAN CALDERON y otros directivos de la Asociación de Afectados del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ASOQUIMBO, de investigarlos por el delito de “Obstrucción de vías públicas que afecten el orden público”, como un hostigamiento más en su contra.
Condenamos la denuncia penal instaurada por la Multinacional EMGESA contra MILLER DUSSAN representante legal de ASOQUIMBO, organización que hace parte de la RNDP y exigimos la intervención inmediata del gobierno departamental, nacional, de la Defensoría del Pueblo y demás entidades defensoras de los derechos humanos, para evitar a toda costa que actos como estos contradigan los esfuerzos y la esperanza que hoy los colombianos hemos depositado en la construcción de la paz.
Advertimos la clara intención de la multinacional de criminalizar la protesta social, acudiendo a mecanismos y argumentos aparentemente legales, y que más allá de buscar una verdadera justicia y resarcir algún tipo de afectación en la sociedad colombiana, busca establecer precedentes que intimiden tanto a los líderes sociales como a la comunidad en general ante el poder económico de estas corporaciones. Es importante hacer un llamado a la sociedad civil, para que se manifieste en contra de esta manera acomodada de utilizar a los estamentos de la justicia colombiana.
