MODELO ECONÓMICO: RETOS PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO

En los últimos años el modelo económico ha estado marcado por la dependencia de los recursos naturales como instrumento básico para generar renta, aumentar el desarrollo de la población y movilizar los demás sectores agregados. Este modelo no ha funcionado.

Colombia afronta un escenario incierto con un crecimiento mediocre, un aparato productivo reprimarizado, con enormes costos fiscales, aumentando con ello la desigualdad y la conflictividad social. Adicionalmente, la mayor cantidad de los empleos son informales, personas que no están contribuyendo ni a pensiones, ni a salud, ni tienen todos los beneficios de ley. Predomina la informalidad como práctica que restringe las oportunidades de la población más pobre.

El gobierno que llega para el período 2018-2022 deberá liderar el diálogo y concertación oficial con los sectores gremiales, la sociedad y el nivel local para enfrentar cinco retos en el corto plazo: i) aumentar el crecimiento económico a tasas superiores al 5% anual a través de una agenda de diversificación económica que promueva la productividad nacional y la articulación de temáticas como la ciencia, la producción de conocimiento y la innovación; ii) definir un esquema tributario que promueva la equidad social, la 1 simplificación de la base impositiva y la descentralización fiscal; iii) intensificar el control social, la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión del presupuesto estatal; iv) implementar una política de ajuste fiscal que privilegie la disminución de la cartera crediticia y el gasto burocrático que no genera beneficios ni inversión social, la discusión de una reforma estructural al sistema pensional y el cumplimiento de la regla fiscal; y, v) promover estrategias de distribución de la renta estatal que contribuyan a la disminución de la desigualdad y la exclusión en el país. De la decisión que se tome dependen temas importantes para el futuro del país: la implementación del posconflicto, la generación de empleo, la capacidad de inversión del Estado y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas.

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