Luis Guillermo Pérez, de los derechos humanos al CNE

Desde la RNDP felicitamos Luis Guillermo Pérez Casas por su nuevo cargo como Magistrado del Consejo Electoral, nombramiento dado por el Presidente Ivan Duque.

Este abogado tolimense hizo parte del Colectivo José Alvear Restrepo, estuvo exiliado y ahora es magistrado. Este es el perfil del primer magistrado de izquierda en llegar al Consejo Nacional Electoral.

El presidente Iván Duque posesionó ayer a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes durante los próximos cuatro años serán la máxima autoridad en la materia. Mucho se ha hablado de los cuestionamientos que tienen algunos de los elegidos, por ejemplo, Jaime Luis Lacouture, hombre de la entraña del exsenador procesado por el escándalo de Odebrecht, Bernardo Ñoño Elías, pero poco se ha dicho de que a las salas de la máxima autoridad electoral llegó, por primera vez en la historia, un hombre de reconocido talante de izquierda: el abogado Luis Guillermo Pérez.

La historia de este jurista tolimense está atada a la lucha por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Tiene 67 años. Sus padres, oriundos del Líbano, montaron una fábrica de cachuchas y se trasladaron a vivir a Bogotá. Pérez Casas estudió en el Colegio Distrital Externado Nacional Camilo Torres. A principios de los años 80 ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional, donde muy rápidamente se vinculó al fervoroso movimiento estudiantil de aquella época. “Como muchos de nosotros, Luis Guillermo era muy activo del movimiento estudiantil de aquellos días. Echador de piedra, de enorme capacidad retórica, combativo y muy buen estudiante”, señaló uno de sus compañeros de universidad, que lo conoció en el año 85.

Sobre esos días, Pérez recuerda su participación en la creación del Comité de Defensa de los Derechos Humanos. “Ese comité fue montado de la mano de Alirio de Jesús Pedraza Becerra, un importante abogado que después fue desaparecido a causa de su valeroso trabajo. También aparecía en esa escena Luis Fernando Maldonado, profesor que murió de un infarto dando clase en la Nacional. Y cómo no recordar al doctor Eduardo Umaña Luna, quien me llevó al Colectivo de Abogados recién me gradué. A raíz del asesinato de Jaime Pardo, los estudiantes me pidieron que diera el discurso de homenaje y desde ese momento el doctor Luna me puso en su radar”, recordó el hoy magistrado del CNE.

Llegó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en 1987 y durante sus primeros años de ejercicio se vinculó a procesos que le seguían el rastro a crímenes de Estado perpetrados por miembros de la fuerza pública. De igual forma, era muy activo en los procesos ciudadanos que desembocaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. “Luis Guillermo participó haciendo pedagogía y redactando el capítulo de derechos humanos”, detalla un excompañero de trabajo en el Colectivo de Abogados. Por esos días, en las oficinas del CAJAR, conoció a Alirio Uribe, exrepresentante a la Cámara, quien es sin duda uno de sus más cercanos amigos. Uribe es su padrino de matrimonio y de su mano hizo campaña en el Congreso para que las fuerzas alternativas lo eligieran su representante en el CNE.

“Lo conozco desde 1990. Cuando ingresé al Colectivo de Abogados era uno de los abogados; estábamos muy metidos en temas de derechos civiles y políticos. Pero también fueron los días de la Constituyente y ahí también estuvimos muy activos participando de los procesos de paz de los 90 con las guerrillas. Luego vinieron épocas muy duras, fue amenazado y tuvo que salir del país por varios años”, cuenta Uribe.

En los primeros años de los 90, Pérez Casas llevaba varios casos en los que estaban involucrados miembros del Ejército en graves crímenes contra los derechos humanos. En especial unas masacres en el Cauca y el Magdalena Medio, y era tan incisiva su acción como abogado, que muy rápidamente fue amenazado y perseguido hasta empujarlo al exilio en Europa. “Amenazaron a su familia, a sus hijos, y se mantuvo todo lo que pudo, hasta que le tocó huir antes de que le hicieran algo a los niños, sus padres o la esposa”, agrega Uribe.

La inteligencia militar lo empezó a perseguir por los procesos de masacres como la de Riofrío (Cauca) o la red de exterminio de la armada en Barrancabermeja, donde mataron como a 70 personas entre el 91 y el 93. Él era abogado en esos casos, como también lo fue en el de Mapiripán. Pérez es uno de los defensores de derechos humanos más importantes de Colombia. Fue suya la tutela que obligó a impedir que la Justicia Penal Militar investigara los casos en que miembros de la fuerza pública estuvieran involucrados en graves violaciones a los DD HH o al Derecho Internacional Humanitario”, añadió uno de sus compañeros en el CAJAR.

Pérez ha tenido dos temporadas en el exilio. La primera fue en 1995, y recuerda que por esos días las amenazas contra su vida y la de su familia se hicieron tan intensas y frecuentes, que tuvo que mudarse de Bogotá a Ibagué a la casa de un conocido. “Como consecuencia de la campaña ‘Colombia Basta de Impunidad’, documenté crímenes cometidos por los miliares, y eso me llevó a sufrir la persecución. Esa campaña terminaba con una conferencia en el Parlamento Europeo en el año 95. En esa intervención estuvo la cúpula militar y justo después de terminar mi exposición, volvieron a amenazar a uno de mis hijos y mi esposa no aguantó más; me pidió que saliéramos”. Tras el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza (1998), denunció la participación de miembros del Ejército en el crimen, y la reacción fue que volvieron las amenazas. Por eso decidió dejar a su familia en el exilio y escribió una carta en la que les dijo a sus perseguidores que estaba de regreso en Colombia listo para morir, pero que dejaran en paz a sus hijos.

Sin embargo, su exilio no terminó. “En 2002, luego de que se rompieron las negociaciones del Caguán, logré sacar de la Justicia Penal Militar el caso de Mapiripán y también protegí al coronel Hernando Orozco Castro, cuyo testimonio sirvió para condenar al general Uscátegui. En este contexto, una persona que me conocía me dijo: ‘Hermano, le toca volarse del país; lo van a asesinar los paramilitares de alias El Águila, y es una orden del alto mando militar. Era tanta la presión, que tuve que hacer una ducha en la oficina y me encerré hasta que tuve que salir. Estuve en Bélgica por ocho años y tras un enfrentamiento con Felipe Muñoz, exdirector del DAS, volvieron a amenazarme. Entonces mandé una carta abierta a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos explicando por qué regresé a Colombia, y les dije que haría todo lo posible por hacer rendir cuentas a los violadores de derechos humanos y en esos me he jugado la vida”,refiere Pérez.

Los consultados, y el mismo Luis Guillermo Pérez, coinciden en que  la principal tarea como magistrado del CNE será vigilar que las decisiones del organismo electoral, que frecuentemente se toman pensando en razones políticas, también sean tomadas en derecho. “Mi objetivo es que la ciudadanía pueda tener confianza en la democracia, que los electores sepan que no se manipula ni se engaña su voluntad política. Quiero trabajar por un sistema electoral transparente y con veeduría ciudadana. Necesitamos superar las formas de violencia que se desprenden del fraude electoral”, expresó Pérez.