La Red Nacional en Democracia y Paz se suma a rechazo del Proyecto de Ley 20 de 2019 sobre restitución de tierras

La Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP), integrada por más de 80 organizaciones sociales e instituciones eclesiales de la sociedad civil y con presencia en 28 departamentos de Colombia, se sumó al rechazo del Proyecto de Ley 20 de 2019, que representa un retroceso en materia de restitución de tierras a las víctimas de despojo y abandono forzado.

La RNDP, junto a otras organizaciones sociales, suscribió comunicado de rechazo frente a esta iniciativa legislativa de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, pues pone en riesgo la restitución formal y material de los predios a las víctimas y violenta su derecho a Justicia, Verdad, Reparación y garantías de No Repetición.

Ante esto, las más de 330 organizaciones de Víctimas, Comunitarias, Sociales y de Derechos Humanos; 24 parlamentarias/os del Senado de la República y la Cámara de Representantes firmantes solicitamos a los miembros de la Comisión Primera del Senado archivar este Proyecto y les hacemos un llamado a reactivar la Comisión de Seguimiento contemplada en el Artículo 202 de la Ley de Víctimas para que, antes de avanzar en nuevas iniciativas que reformen esta Ley, se ofrezcan los insumos que la Ley 1448 de 2011 ordena como necesarios para su correcta implementación.

En comunicado de rechazo, se destacan como los principales aspectos que nos preocupan del proyecto de Ley 20 de 2019 los siguientes:

1) Desnaturaliza la restitución como medida preferente de reparación a las víctimas y modifica el significado y la esencia de la restitución, equiparándola con otras formas de reparación que actualmente aplican solo cuando es imposible la restitución material del predio.

2) Convierte la etapa administrativa de la Ley 1448 de 2011 en un proceso civil de carácter ordinario, que aumenta tiempos procesales y por ende, prolonga la espera de las víctimas para acceder al goce efectivo de sus derechos. Además, este aumento en los tiempos procesales implica recursos económicos cuya fuente se desconoce.

3) Debilita las garantías procesales que cobijan a las víctimas de despojo y abandono forzado en el proceso de Restitución de Tierras. Con la inclusión de la categoría “actores no generadores de violencia” como salvaguarda para opositores, se puede dificultar el acceso de las víctimas a la verdad, así como a la restitución formal y material de sus predios.

4) Desconoce la asimetría en materia de recursos y goce efectivo de derechos entre opositores y víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, así como los entornos y contextos de violencia; promoviendo la conciliación en condiciones que pueden afectar el derecho de las víctimas a la Restitución de Tierras y la reparación integral.

5) Omite el reciente fallo de la Corte Constitucional, que ordena prorrogar la vigencia de la ley 1448 de 2011, poniendo en evidencia que no parte de un análisis riguroso tendiente a mejorar la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, pese a su pertinencia, aún está lejos de lograr la reparación completa a las víctimas del conflicto armado. En contravía, el Proyecto de Ley 20 de 2019 aumenta los obstáculos procesales y materiales para el acceso a la restitución de tierras como parte de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

Descargar comunicado completo con firmas aquí.