El Senado no para la guerra, la JEP herida de muerte

“El Artículo 6 transitorio de la Constitución dice que la competencia de la JEP será prevalente para aquellos ciudadanos pertenecientes a la Fuerza Pública o los excombatientes de las Farc que hubiesen cometido delitos en el marco del conflicto…”
Guillermo Rivera, Mingobierno.

“Las penas impuestas darán lugar a la libertad condicional cumplidos 5 años de detención en centros de detención especiales.”
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

Este 27 de junio, cuando se realizó la conciliación del texto de la ley que aprueba el procedimiento para la JEP, quedó súper claro cómo se le dio la estocada mortal a la justicia especial, núcleo de los acuerdos de paz. Así las cosas, la bancada del CD, con la connivencia del presidente viajero, hicieron trizas el acuerdo pactado entre el gobierno y la insurgencia subalterna de las Farc – EP.

Ante el asalto filibustero, perpetrado por la mayoría corrupta e impune del congreso, sin embargo, el presidente saliente, su ministro de gobierno, el putumayense Guillermo Rivera, porfían. Y les hace coro, Patricia Linares, presidente de la JEP, que los “articulitos”, dos, de un total de 74, que conforman la ley de procedimiento son inconstitucionales. Así las cosas, la talanquera de la Corte Constitucional frustrará la maniobra reaccionaria de echarle combustible al fuego no extinto de la guerra.

Es el resultado directo del triunfo de la coalición de la reacción y la derecha colombiana, que ganó la elección presidencial con más de 2 millones de votos, el pasado 17 de junio. Es una maniobra que está en correspondencia con lo anunciado por Iván Duque, quien sin posesionarse va “limpiando” el establo de Augías, ayudado por sus palafreneros, a quienes les ordena el jefe de la bancada del CD en la sombra.

El nuevo presidente, al otro día, estaba en Washington reportando las novedades como un neoprocónsul ante Mike Pompeo, en el régimen parapresidencial de Colombia que se resiste a morir, ayudado esta vez por una parte considerable del voto en blanco, y la que los aficionados al fútbol bautizaron como la tripleta de la indecencia, que integraron de modo desvergonzado, Jorge Enrique Robledo (Moir – PDA), Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano) y Humberto de la Calle (Liberalismo).

El remate discursivo de Paloma Valencia, anunciando que lo que sigue es sacar a la representación congresional de las Farc – EP, completa este acto final de la tragicomedia que quiere sacrificar en público la frágil paloma de la paz en la hoguera de la guerra fratricida.

Por supuesto, que la modificación sustancial de lo pactado por la vía de su reglamentación “deberá” ser declarado inexequible por la Corte cuando se haga la revisión respectiva.

El caso Santrich a la vista

Pero, no parece seguro que tal vaya a ser el pronunciamiento, con el antecedente de hoy, cuando la Corte Constitucional se refirió a lo actuado por la JEP en el caso particular del trámite de la petición de extradición de Jesús Santrich. Porque su proveído, aunque resolvió la competencia en favor de la JEP frente a la justicia ordinaria, también estableció que ésta no podía congelar el trámite de la extradición como en efecto lo hizo el 12 de junio.

Para hacer efectivo lo anterior, la Corte Constitucional tuvo que hacer otra maroma jurídica, inaplicar aduciendo excepción de constitucionalidad, la norma reglamentaria que se dio la JEP previamente, con base en la cual había decretado la suspensión del proceso de extradición de Santrich, que tiene su origen en una corte estadounidense.

Entretanto, la Fiscalía tiene que poner de manera inmediata lo actuado por la justicia estadounidense a consideración de la Sala de Revisión de la JEP, que no puede, eso sí, decidir sobre la legalidad o culpabilidad de Jesús Santrich, pero sí, si la comisión del delito de narcotráfico fue cometido antes o después del 1o. de diciembre de 2016. Para determinarlo tienen plena competencia para decretar pruebas.

Luego, la sala de revisión enviará, en un plazo no superior a 120 días, el expediente para que la Corte Suprema emita concepto, en caso de que la conducta que se imputa a Santrich fuera posterior a la firma del acuerdo de paz, en el teatro Colón. Si la CSJ se pronuncia de modo favorable a la extradición el curso termina en la decisión del presidente Santos, quien como suprema autoridad de todos los poderes dará la última palabra.

Podría ocurrir que la Corte Constitucional, en el ínterin, declare exequibles los dos articulitos, el mico introducido por el CD y sus “calanchines jurídicos”, en cuyo caso la JEP no podría tampoco practicar pruebas “para definir la fecha de los hechos” del pedido en extradición por la república imperial estadounidense.

La verdad del conflicto armado

“Los agentes del Estado que hayan podido incurrir en violaciones a las normas del DIH en el marco del conflicto requieren un tratamiento especial y diferenciado que también les permita a ellos que haya un tránsito en paz hacia la reconciliación”.
Néstor Humberto Martínez, Fiscal General.

Es lo que ahora está a la vista de todos los ciudadanos de Colombia y del mundo. En el sentido de cómo se fija o no responsabilidades, a sus partícipes directos e indirectos.

Por lo pronto, las responsabilidades que de lo acontecido en el Congreso esta semana se derivan, han quedado deshojados como una margarita ensangrentada. Una operación brutal de impunidad, que enluta lo que queda de la justicia nacional, si prospera esta maniobra que se perpetra con todo y cómplices. Constituye la cuota inicial de la suerte que puede correr la Consulta anticorrupción que se votará el 26 de agosto de 2018.

Primero salieron los terceros. Ahora el CD orquesta, con cinismo, la partida de los militares. En resumen, los únicos que quedarían con obligación de contar la verdad son los integrantes de la guerrilla. Una vez más, la verdad de la historia la fabricarían los vencedores, en este caso de la elección presidencial de 2018.

En caso de que la Corte Constitucional lo avale, en el campo de la guerra social interna toma cuerpo una situación similar a lo que se intentó con el delito de cohecho, cometido por funcionarios del presidente Uribe, para obtener su reelección. Dos de ellos, exministros de Uribe, pidieron, entre otras cosas, ser incluidos en la JEP, ante la sala de revisión, cuya competencia ahora quiere hacerse trizas.

Esta actuación criminal, el tristemente célebre cohecho, requería de dos partes, pero por arte de leguleyos quedó prácticamente desvirtuado el cohecho en su existencia, casi hasta el final. Más aún, hasta hoy, al primer beneficiado, el expresidente Álvaro Uribe, no le pasó nada, cobijado por la inmunidad presidencial.

La bancada del CD, con sus maromas de cierre de la legislatura, quieren ofrecer otro tanto, como bien lo recordó el nuevo senador, Gustavo Petro, por estos días. Se requiere que la cabeza de lista del Centro Democrático quede blindada de cualquier responsabilidad en la que incurriera, cuando no era presidente de la república en dos oportunidades.

Otro tanto se replica aquí y ahora

“Todo sería menos infernal en Colombia si compartiéramos la vocación a conocer la verdad del conflicto, el rechazo a la violencia venga de donde venga y sea contra el que sea.”
Ricardo Silva Romero, Pulso, en: ET,29/06/18, 1.10.

En el marco del senado de mayoría rendida, obsecuente, con lo que ocurrió en este aciago 27 de junio. Es la vía impuesta por los vencedores en la pasada elección, que no sólo niegan con criminal descaro la guerra interna, sino que insisten en el hacer criminal de los bandidos de las Farc – EP, en particular, su dirigencia superior.

Empezando por Jesús Santrich, que es objeto de un proceso judicial por la jurisdicción extranjera, para la que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Linares, pide “cortesía judicial” para con el indictment, cuyo contenido la infinita mayoría de los colombianos aún no conoce.

Sin embargo, queda una talanquera, la del poder judicial en su máxima instancia, porque con Linares hay 8 magistrados más, que impida que prospere esta insensatez mayúscula, y este despropósito político, que reabre y ahonde las heridas de una guerra fratricida que no se puede resolver con la liquidación física del “enemigo” como lo dicta el querer del procónsul Uribe y su bancada.

Mientras tanto, las fuerzas democráticas, los millones de colombianos que respaldan los acuerdos de La Habana tienen que estar en guardia, en vigilia permanente, porque la paz pactada está herida de muerte. Un nuevo régimen del miedo asoma las orejas. La inteligencia, la pasión por la verdad y la ética ciudadana no pueden pasar de agache.