El proyecto de Ley 595/2021, “Por medio del cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”. presentando por la procuradora Margarita Cabello, respaldado por el Gobierno de Iván Duque mediante mensaje de urgencia y que está a punto de ser aprobado por el Congreso de la República constituye no solo un evidente desconocimiento de las obligaciones del Estado Colombiano en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 8 de julio de 2020, en la que se declaró responsable al Estado de Colombia por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, sino también una muy grave afectación al sistema de pesos y contra pesos propio de todo sistema democrático en tanto supone el otorgamiento de potestades abusivas a dicha institución las cuales podrían derivar en serias vulneraciones a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
El proyecto de ley pretende darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General, permitiéndole inhabilitar, suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular en contravía de lo planteado por la Corte Interamericana que obliga a que dichas potestades solo reposen en el poder judicial y especialmente en jueces de carácter penal, esto es fundamental toda vez que el actual diseño institucional de la Procuraduría General se presta para un manejo arbitrario y partidista de estas funciones ya que la cabeza de dicha institución es electa por el Congreso de la República y los funcionarios de mayor jerarquía y con facultades sancionatorias son empleados que no provienen de un sistema de carrera, posibilitando todo esto, injerencias políticas externas e internas en el desarrollo de los procesos disciplinarios.
Así mismo vemos con enorme preocupación el aumento de las funciones de policía judicial a la Procuraduría General, ya que gracias a ellas dicha institución podría adelantar interceptaciones telefónicas, seguimientos, allanamientos entre otros procedimientos sin el control previo de un juez de garantías poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, pero especialmente de quienes ejerzan la política en oposición a los partidos políticos afines al procurador de turno. Vale la pena recordar que este tipo de potestades sin los controles constitucionales efectivos han servido en nuestra historia reciente para cometer graves arbitrariedades y delitos que se pueden cometer en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho.
También rechazamos que en medio de una de las peores crisis fiscales y económicas de nuestro país y a escasos meses de las elecciones de Congreso y presidenciales se usen este tipo de proyectos de ley para aumentar cargos públicos sin un límite específico, esta pretensión más que en unas necesidades de carácter misional sin los controles necesarios podrían derivar en un ejercicio claramente clientelar destinado a favorecer a los partidos políticos de la coalición de Gobierno que eligieron a la actual procuradora general.
De igual forma, vemos con extrañeza que el proyecto de ley contrario a lo establecido en la ley 5 de 1992 y múltiples sentencias de la Corte Constitucional sea tramitado como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria tal y como debería ser, toda vez que dicho proyecto afecta de forma directa Derechos Fundamentales, eludiendo con esto tanto las mayorías, debates y el control previo de la Corte Constitucional que tienen las leyes de carácter estatutario.
Es por esto que desde Democracia en Riesgo llamamos al Congreso de la República a no aprobar el mencionado proyecto, a la comunidad internacional estar atenta y al conjunto de la ciudadanía para que ejerza el control político respectivo ante esta grave afectación de los derechos fundamentales, el Estado de derecho y la democracia en su conjunto.
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