No a la minería en la Provincia Cartama

El día martes santo 11 de abril de 2017, la empresa Anglogold Ashanti nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en el Corregimiento de Palocabildo, municipio de Jericó Antioquia, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos fundamentales a la tranquilidad, intimidad, salud, integridad, vivienda digna, ambiente sano, participación y al agua, impidiendo que se realizaran dichas actividades.

Mediante comunicado emitido por la empresa Anglogold Ashanti el día 11 de abril, expresa que la Comunidad de Palocabildo desconoce su voluntad al diálogo, hace uso de vías de hecho, actúa de manera ilegal impidiendo el desarrollo de una actividad para la que se encuentran autorizados. Sobre ese comunicado es preciso señalar lo siguiente:

1. Anglogold Ashanti hizo presencia en el Suroeste de Antioquia, concretamente en el municipio de Jericó en el año 2003 y amparados en varios títulos mineros otorgados en Bogotá sin consultar con las comunidades presentes en el territorio, desconociendo los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal, la vocación del suelo y los derechos de las comunidades, dieron inicio a un proyecto de exploración minera que es rechazado por todos los movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, comunidad religiosa, políticos y académicos. Esto convierte a los títulos mineros otorgados a esa empresa, en ilegítimos e inconsultos pues con estos se desconoce la prevalencia del interés general sobre el particular y del derecho sustancial sobre el procedimental.

2. La permanencia en el territorio de la Anglogold Ashanti y la realización inconsulta de actividades de perforación minera desconoce históricas conquistas sociales que se han materializado -en gran medida- en los derechos fundamentales y que hoy día se encuentran plasmados en ese gran pacto social que es la Constitución Política de 1991 y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y priman en el ordenamiento interno colombiano. De manera que las vías de hecho que la empresa endilga a la comunidad, son en la práctica las utilizadas por ellos, quienes con la mera expectativa que representa un contrato de concesión minera, generan y exacerban conflictos socio-ambientales.

3. El diálogo que Anglogold Ashanti manifiesta extrañar de parte de las comunidades, fue el que no tuvo cuando realizó entre 2008 y 2015, ciento diez (110) perforaciones con un daño ambiental y social que si bien no ha sido estimado por parte de las autoridades competentes, es evidente y ha sido denunciado en diferentes ocasiones por la comunidad. La empresa pretende la instalación de dieciséis (16) plataformas más entre los años 2016 y 2017, que no son aceptadas por las comunidades y por ende, no tenemos la obligación de dialogar con quien no hizo uso de dicho mecanismo para entrar inconsultamente al territorio.

4. Nuestro comportamiento -como comunidad- responde a un accionar que tiene su razón de ser en los derechos fundamentales que están previstos en la Constitución Política y en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, justificados por la agresión sistemática y reiterada de la empresa Anglogold Ashanti en contra de los habitantes de Palocabildo, al pretender imponer un modelo extractivista en una región con destinación diferente e incompatible con la minería, como lo son la vocación agrícola, religiosa y de turismo.

5. Reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y estudios interdisciplinarios realizados por la Contraloría General de la República, expertos y organizaciones nacionales e internacionales como London Mining Network y Colombia Solidarity Campaign entre otros, ponen de presente los graves impactos ambientales y sociales que genera la minería -incluyendo el desplazamiento de las comunidades locales- y la facultad con que cuentan los habitantes de los territorios de accionar en defensa de sus derechos, en particular, ante la omisión de las entidades del Estado.

6. Anglogold Ashanti no es un interlocutor válido, ni reconocido en el territorio. Es un actor generador de conflictos socio-ambientales, que utiliza diferentes mecanismos de cooptación de las autoridades y de las comunidades, que promueve discrepancias entre los pobladores y tiene reconocida trayectoria como violador de derechos humanos, por lo tanto rechazamos su presencia y no aceptamos tratos agresivos, ni discriminatorios de su parte, ni de las entidades públicas que pretenden legitimarlos.

De acuerdo con lo anterior, Anglogold Ashanti debe retirarse del Suroeste de Antioquia, y REQUERIMOS al Estado colombiano -en todas sus instancias-, que cumpla con sus fines esenciales y en tal sentido, nos garantice los derechos fundamentales que se encuentran previstos en la Constitución Política y nos defienda de la agresión a la que estamos siendo sometidos de parte de Anglogold Ashanti.

 

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