Los dividendos de la paz

Culminado exitosamente el proceso de paz de Santos, ha habido pocas celebraciones. Ni la negociación del Caguán que fracasó estruendosamente ni el remedo de desmovilización de los paramilitares de Álvaro Uribe, cuyo comisionado de paz sigue prófugo de la Justicia, alcanzaron el grado de seriedad, respaldo internacional, atención a las víctimas y su demanda por justicia que tuvo esta negociación.

Mientras que la administración Pastrana careció de una visión elemental de lo que se negociaba, lo que fue aprovechado por las Farc para desafiarla groseramente, en el proceso que acaba de culminar la guerrilla fue aceptando las condiciones planteadas para abandonar el secuestro, repudiar el narcotráfico y los cultivos de coca, aceptar la mediación de la ONU en la entrega de armas y someterse a una justicia especial; ella juzgará los delitos cometidos en medio del conflicto, supervisada por instancias internacionales que son garantía de objetividad.

En el caso de la negociación con los paramilitares de Uribe, no hubo justicia alguna que enfrentara los tenebrosos crímenes cometidos contra la población civil en Colombia. Solo fueron juzgados por narcotráfico en los Estados Unidos, cuando el presidente se precipitó a extraditarlos, presuntamente porque seguían delinquiendo desde sus celdas.

Los dividendos de la paz serán sobre todo para las comunidades afectadas por el conflicto que podrán vivir sin temor por la suerte de sus vidas y de sus hijos. Ya se ha reducido radicalmente el nivel de violencia en la sociedad colombiana, en la medida en que baja el número de guerrilleros y se va generando la sanción moral contra el uso de la violencia con fines políticos que todavía despliega el Eln.

El debilitamiento de la insurgencia ha permitido, y lo hará cada vez más a futuro, centrar la atención de las fuerzas del orden en reprimir el crimen organizado. En 2002, la tasa de homicidios en Colombia era de 68 por 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo; en 2016 había descendido a 24 y en lo que va de 2017 cayó otro 10 %. Así, el país mejora sus índices de civilización frente al resto del mundo, lo que dará más confianza inversionista que la mezcla explosiva de represión militar y tolerancia para con el crimen organizado.

El exministro Alberto Carrasquilla planteó recientemente en Dinero que el dividendo de la paz que estima el Gobierno en 2017, 0,3 % de crecimiento adicional para completar un 4 % anual, se ha devaluado frente a lo que esperaba la administración Santos en 2011, que la economía creciera al 6 %. Su afirmación es falaz: “hasta qué punto haber sacrificado, en el altar habanero, la agenda económica planteada en 2010 explica la devaluación tan significativa que sufrió, entre 2010 y 2017, nuestro futuro económico”.

Se trata de una lógica retorcida de quien manejara las finanzas durante los gobiernos de Uribe, entre 2003 y 2007, disfrutando de una enorme renta petrolera que no contribuyó a ahorrar ni a aplicar para diversificar la economía; ahora que esa renta se ha esfumado, adscribe responsabilidad por su colapso al haber negociado con la Insurgencia.

Lo cierto es que una sociedad que comienza a despejar su conflicto interno puede concentrarse en construir una economía más diversificada y sobre todo más justa, dotada de una mayor libertad política para las comunidades, por tanto tiempo despojadas de representación y acceso a la tierra.