El agua: fortuna y desgracia para los habitantes de Marialabaja

Por: Equipo de Comunicación Rural de OPDS-CDS

A pesar de  que cuentan con grandes fuentes hídricas, los habitantes del municipio de Maríalabaja en Bolívar no tienen acceso a agua potable. Así quedó claro en la Ruta por el agua  realizada el 6 de diciembre; en la que participaron académicos, periodistas y líderes comunitarios.

En el día miércoles 6 de diciembre, se realizó la ruta “María la Baja: disputas y resistencias por el agua” organizada por la Corporación Desarrollo Solidario junto con otras organizaciones. El recorrido -que  incluyó a San José del Playón, La Suprema y Puerto Santander, comunidades de Marialabaja en los Montes de María- visibilizó  uno de los problemas que comparten los habitantes de estas comunidades: la imposibilidad de acceder y consumir agua potable.

Primera parada: San José del Playón y la palma de aceite

La comunidad de San José del Playón cuenta con la Represa de Arroyo Grande que hace parte del Distrito de Riego del municipio, un amplio engranaje de cuerpos de agua que se construyó durante el mandato de Lleras Restrepo con el fin de beneficiar a los campesinos de todo el municipio. Sin embargo, hoy en día  las y los pequeños agricultores no cuentan con condiciones para acceder a esta agua.

Como es conocido, la subregión de los Montes de María fue una de las zonas más afectadas por el conflicto colombiano, pues bien, luego de que  pasara la época más ardua de la violencia, la mayoría de su territorio rural cambió de propietarios, esto debido a la venta masiva de predios, al desplazamiento o al despojo. En Marialabaja esta situación se manifiesta hoy en día con la creación de monocultivos de palma de aceite y piña a gran escala en manos de pocos latifundistas. Estos monocultivos ocasionan graves consecuencias para el ecosistema de la zona debido a las grandes cantidades de químicos que utilizan y al mal manejo de los residuos, que ocasionan contaminación en las fuentes de agua y en las diferentes represas. Los habitantes de San José del Playón denuncian que, siendo el distrito de riego un bien público, su uso es un beneficio exclusivo para los grandes propietarios, causándoles a ellos el perjuicio de un agua contaminada y que no está en condiciones para el consumo humano.

Además, los líderes denunciaron que  Usomarialabaja, el ente encargado de administrar  todo el sistema fluvial, toma decisiones que benefician únicamente a estos grandes propietarios, como el manejo de los canales de riego.

Johana Herrera, investigadora del Observatorio de Territorios Etnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, explicó que, según las investigaciones que han realizado, los cultivos de palma que ocupan las rondas de protección de las represas, tienen la capacidad de cambiar las coberturas de agua, por lo que ya han habido cambios en algunos cuerpos de agua del Marialabaja.

La académica, dijo  que en la zona no solo hay contaminación del agua  superficial sino también en la subterránea, y que además los monocultivos están realizando un uso indebido de los baldíos. A estos problemas, contó Herrera, se suman los cambios en el bosque seco tropical y las altas cifras de deforestación que causa el avance desmedido de este cultivo, incluso hacia zonas de importancia ambiental como la Alta Montaña, donde se produce gran parte del agua dulce para la región.

 

Segunda parada: La Suprema, una sentencia que no arregla nada

La segunda comunidad visitada durante la Ruta fue La Suprema. Allí, líderes, lideresas, representantes de los medios y la academia pudieron reflexionar sobre el recorrido realizado por el embalse de Arroyo Grande, conocer las diferentes acciones realizadas para conseguir el acceso a agua potable y la situación que viven las familias de esta comunidad.

En la Suprema el agua que usan los habitantes es agua lluvia, cuando llueve, y cuando no, tienen que trasladarse a comunidades vecinas a extraerla de pozos. Esta comunidad, igual que San José del Playón, se encuentra rodeada por una de las represas del Distrito, Pondaje o La Piscina como es llamada, que también se encuentra rodeada por cultivos de palma y por lo tanto su  agua no es apta para el consumo humano. Allí ya ha habido fenómenos como la mortandad de peces y enfermedades graves en la piel que demuestran el mal estado de las fuentes hídricas.

Debido a esta situación, en el 2011 los habitantes de la Suprema  con el acompañamiento de ILSA, ONG del nivel nacional, instauraron una acción popular exigiendo el cumplimiento del derecho al agua. El 29 de enero de 2014 el  Tribunal Administrativo de Bolívar sancionó este caso a su favor,  y ordenó que en los siguientes seis meses el municipio debía adelantar todas las acciones necesarias para dar lugar al suministro de agua potable en Marialabaja, y de manera especial a La Suprema. Así mismo, que en los siguientes 18 meses el servicio de agua potable debía estarse prestando el servicio de agua potable. A la fecha, se han vencido los términos, para darle cumplimiento a la orden se instaló una tubería con motobomba que le suministraba agua cruda a La Suprema y que hasta hace seis meses no volvió a funcionar.  Se evidencia así el incumplimiento a la orden y las comunidades siguen sin acceso a agua.

Ante este hecho Jhon Junieles, abogado y periodista participante de la Ruta cuenta que:

“La principal preocupación que me queda es que existiendo unas sentencias judiciales que exigen cumplimiento por parte de diferentes instituciones, pasa el tiempo, se evidencia ese incumplimiento, lo que da lugar al desacato por parte de esas instituciones de carácter público y no pasa nada, o sea, hay una pasividad que hay que romper”.

Por su parte, los residentes de La Suprema dicen  estar cansados de la situación: han acudido a los entes administrativos locales y departamentales, a la Defensoría del Pueblo y por último, dicen,  han tenido que tomar las vías de hecho; como hacer paro en las carreteras principales para lograr ser escuchados.

Ver acción popular: http://www.cds.org.co/accion-popular-agua-potable-y-saneamiento/

 

Tercera parada: Puerto Santander y el tratamiento de aguas

En Puerto Santander tampoco cuentan con agua. Pero la mayor preocupación es la contaminación de su Ciénaga de Marialabaja, por la construcción de una laguna de oxidación en sus orillas que recoge todas las aguas residuales del Municipio. Durante la visita a esta comunidad fue posible evidenciar que la estructura de dicha laguna, se encuentra abandonada.

Por estar cerca a la Ciénaga de Marialabaja,  el sustento de la mayoría de los habitantes de Puerto Santander es la pesca, sin embargo, ellos comentan que  las aguas de las represas contaminadas por los cultivos de palma y piña estan llegando a este lugar. Además que durante las temporadas de invierno se hunde la estructura de tratamiento de las aguas residuales provocando el vertimiento directo en la ciénaga.

Una Ley propia por el agua

Además de esto, el recorrido por La Suprema permitió a los participantes conocer el proyecto de ley que lidera la Red Nacional de Acueductos Comunitarios para defender el agua como un bien público y un derecho. Este proyecto busca que la regulación de los más de  12.000 acueductos comunitarios que existen en el país no estén administrados en al marco de la Ley 142 de 1994. (Ver proyecto de ley: http://redacueductoscomunitarios.co/leypropia/ )

El acceso a agua potable en las comunidades de Marialabaja es deprimente, así se evidenció durante el transcurso de la Ruta. A esto se le suma el pésimo estado de las vías terciarias y la falta de respuesta de los entes encargados. Antonio Canchila, periodista de Semana Rural opinó que “Es sumamente preocupante y evidencia la falta de control por parte de las autoridades ambiental; se necesita un  trabajo de control y vigilancia en el uso del agua que genere un equilibrio, puesto que lo que hay es un desequilibrio en el acceso que tienen  los campesinos y quienes tienen mayor poder económico”

Ante esta situación de abandono,  la  investigadora de Dejusticia, Irina Junieles, recordó que la Subregión de los Montes de María, y con ello Marialabaja, se encuentra en proceso de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- planteados en el Acuerdo de Paz, y que espera que este tipo de problemáticas se vean reflejadas en las estrategias que harán parte de dichos planes

 

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