Comunicado a la opinión pública: Diócesis de Granada

Por: Diócesis de Granada (miembro del nodo suroriente) 

Granada, 20 de octubre de 2017. La Diócesis de Granada en Colombia, a través del Servicio de Pastoral Social lleva a cabo procesos de acompañamiento a líderes ambientales que luchan por la defensa y salvaguarda de la tierra y el territorio, en los que se busca articular todas las iniciativas de trabajo en un espacio de investigación y acción participativa denominado Observatorio Regional Ambiental – Área de Manejo especial de la Macarena (O.R.A – A.M.E.M) el cual, junto con la comunidad, emite el siguiente comunicado para expresar a los entes municipales, departamentales, nacionales, organizaciones sociales y comunidad en general, la gran preocupación ante las vulneraciones que se están generando por parte de las instituciones de orden nacional, específicamente al ejercicio pleno de los Derechos Políticos.

En el municipio de Granada desde el mes de mayo de 2017 por iniciativa del Alcalde con apoyo del Consejo Municipal, convocó una Consulta Popular con el fin de someter a voluntad ciudadana, si desean o no tener en el territorio actividades de extracción y exploración de hidrocarburos, para así evitar daños irreversibles de los bienes acuíferos, el territorio, la fauna, además de cambios en la vocación agrícola del suelo, entre otros impactos causados por la presencia de dichas actividades en el municipio.

Dicho proceso electoral fue aprobado por el Tribunal Superior Administrativo del Departamento del Meta, el cual declaro constitucional la pregunta que se formularía en la Consulta. De dicha decisión, se notificó tanto a la Alcaldía de Granada como a la Registraduría Nacional para coordinar la organización y difusión del calendario electoral, en el que se establece el día 22 de Octubre del 2017 para el desarrollo de esta jornada.

En el transcurso de los meses siguientes, líderes ambientales a través de 16 comités comunitarios en los que confluyen diferentes sectores políticos y sociales del casco urbano y rural, implementaron con mucho esfuerzo y pocos recursos, un arduo proceso de pedagogía a la ciudadanía para sensibilizar sobre la importancia de salir a votar y ejercer el derecho fundamental a la participación, así como evidenciar la importancia de inclinar su voto por el no.

Pese a que todas las entidades estuvieron de acuerdo en la fecha de la Consulta, de manera imprevista la Registraduría Nacional del Estado Civil radicó un oficio a 4 días hábiles al desarrollo de la jornada, donde solicita al Alcalde suspender dicha actividad “hasta tanto no se defina a quien le corresponde asumir la financiación del mismo, considerando que la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere recursos para organizar la logística del proceso electoral”, imposibilitando así la Consulta a realizar. Situación inminentemente irregular, toda vez que la competencia para este tipo de jornada electorales es del Ministerio de Hacienda. En relación, es importante tener en cuenta que en la legislación Colombiana no existe en el momento norma que traslade esta responsabilidad a los entes municipales.

Esta realidad nos llama como Iglesia a manifestar nuestro total inconformismo y preocupación ante la vulneración de derechos (Derecho al voto, derecho a la participación, derechos de las comunidades a la libre determinación de su desarrollo) y la grave afectación al ejercicio libre de la democracia.

En virtud de lo anterior, emitimos las siguientes recomendaciones y llamados:

 Es perentorio que los líderes a través de los diferentes Comités organizados, realicen acciones de movilización pacífica, visibilización y difusión, que invite a toda la ciudadanía a no desanimarse ante las trabas institucionales y continuar con entusiasmo la defensa y salvaguarda del territorio.

Acudir a los mecanismos jurídicos existentes para exigir el respeto por los derechos políticos que claramente se han visto afectados, así como alternativas de solución que permitan destrabar esta situación y agilizar de manera oportuna el ejercicio de la participación de la comunidad.

Considerando la realidad nacional frente al auge de las Consultas Populares, esta situación también es una oportunidad para sentar un precedente que permita proteger este mecanismo de participación para la deliberación ciudadana y la democracia, el cual debe ser garantizado por el Estado en pleno ejercicio de sus deberes constitucionales.

Finalmente, como Iglesia ratificamos nuestro compromiso en esta ardua tarea de defensa de la creación, en la que debemos continuar nuestra misión de proteger y salvaguardar el territorio mediante alternativas comunitarias basadas en la paz, la concordia y la divergencia entre sectores, donde el diálogo y el reconocimiento de todos los actores sociales y políticos nos permita construir una visión colectiva de desarrollo territorial.