Arquitectura de la planeación participativa requiere ajustes para implementar los acuerdos de La Habana exitosamente

La Participación Ciudadana y la Presupuestación Participativa en la coyuntura actual de la implementación de los Acuerdos de Paz, en resumen, son trascendentales para dar el salto cualitativo y cuantitativo que requiere Colombia para salir del subdesarrollo y entrar definitivamente en la dinámica de la paz con desarrollo sostenible y sustentable. Que así sea, por nuestro amado país y su gente laboriosa y amable.

Articular la arquitectura de la Participación Ciudadana y de la Planeación Participativa con las leyes Orgánica de Ordenamiento Territorial, de Presupuesto y de Regalías, y adecuar el Sistema Nacional de Planeación entre otros aspectos, se requieren para implementar eficazmente los Acuerdos de La Habana, indicó Fabio Velásquez, Presidente Ejecutivo de la Fundación Foro Nacional por Colombia en el II Encuentro Nacional Común Acuerdo Balance de la implementación del Acuerdo de Paz,organizado por la Corporación Viva la Ciudadanía con las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega, Suecia y otras entidades internacionales.

Son tres aspectos a tener en cuenta:

Primero: Se deben revisar los diseños normativos, no solamente la Ley Orgánica de Planeación, sino también se debe evaluar el Sistema General de Participación que se debe someter a una reforma constitucional en el presente año 2017, al igual que la Ley de Regalías y en el mismo sentido analizar y evaluar qué tanto se está cumpliendo en bien de todo el país la aplicación de la Ley de Presupuesto  General de la Nación.

Normas todas relacionadas con los temas de desarrollo territorial que necesariamente tienen que ser revisadas a la luz de los nuevos planteamientos de Participación Ciudadana y Presupuestación Participativa.

Segundo: Se debe modificar la institucionalidad participativa, implementando los Sistemas de Participación contenidos en la Ley 1757 de 2017, como debe haberse hecho desde hace mucho tiempo, y así mismo toda la arquitectura institucional de la Participación.

En último ejercicio sobre escenarios de participación, desarrollado por la Fundación Foro Nacional por Colombia, se encontraron 124 escenarios de participación creados por leyes nacionales, otras más del orden departamental, al igual que distritales y otras muchas municipales en franca desarmonía generando un caos institucional conllevando a la dispersión y multiplicación infructuosa de recursos económicos y de esfuerzos humanos.

Tercero: Se deben modificar las instituciones estatales en materia de la Participación Ciudadana y de los Presupuestos Participativos, tanto en los aspectos funcionales, como organizativos y en cuanto a la cultura organizacional, y en lo referente al papel de los funcionarios públicos y su sensibilización sobre estos temas tan trascendentales y que muchos de ellos aún estiman como de poca monta.

Existencia de garantías para poder participar

Éste es el espíritu del proyecto de ley planteado al gobierno nacional y a la sociedad civil en materia de garantías, reconocimiento de los actores de la participación, así también de las garantías del acceso a la información y a los espacios participativos.

“En el escenario de post-conflicto, es necesario que la Ley establezca de manera clara que la planeación y la presupuestación participativa tienen sentido si contribuyen a ampliar la participación de las comunidades en las decisiones que se toman en los diferentes territorios teniendo en cuenta sus tradiciones culturales y dinámicas socioeconómicas y ambientales”, plantea la Fundación Foro Nacional por Colombia en un documento presentado oportunamente a las instituciones implicadas en la implementación de los Acuerdos de Paz.

Continúa diciendo dicho documento referenciado: “Para este caso, se ha considerado que es importante reformar la Ley 152 de 1994 denominada Ley Orgánica de Planeación, además de adecuar algunos aspectos de la Ley 1551 de 2012 de Régimen Municipal, la Ley 1530 del Sistema General de Regalías (SGR) y en materia del Sistema General de Participaciones (SGP) las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007”.

Ratifican allí, que: “Además, se propone que, a los principios de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público, continuidad, sostenibilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, procesos de planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia, conformación de los instrumentos de desarrollo, se incluyan también, la diversidad territorial, cultural y de la organización social, la inclusión de los sectores sociales diversos que conforman cada escenario de planeación, la territorialidad como espacio social de encuentro y de construcción colectiva, la equidad de género y enfoque de derechos. Este último, debe inspirar de manera estructural la formulación de los planes y, en general, los procesos de participación”.

E indican sabiamente, que: “es importante que se deje en claro que la planeación y presupuestación participativa se llevará a cabo como un medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral y de largo plazo de los territorios, vinculando la participación ciudadana en la definición y consecución de los fines y objetivos del Estado social de derecho establecidos en la Constitución Política, en la búsqueda de:

a) La consolidación de un enfoque de gestión pública democrática fundada en el ejercicio de la autonomía territorial para la generación de bienes públicos tangibles e intangibles, entre los que se destacan la equidad, la sostenibilidad, la defensa del interés colectivo y el respeto a los derechos humanos fundamentales.

b) El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, materiales, económicos y humanos.

c) El cumplimiento de la responsabilidad social del Estado en materia de planeación, a fin de prever los problemas del desarrollo económico, social y territorial y corregir los aspectos que comprometan o debiliten el porvenir de la comunidad.

d) La promoción de la modernización y la descentralización administrativa a través de las cuales se optimicen los recursos humanos y financieros, a fin de mejorar la capacidad de respuesta de la administración pública.

e) El impulso a un Sistema Nacional de Planeación de carácter democrático que garantice los derechos económicos, sociales y territoriales de los individuos y de los grupos organizados, y fortalezca la participación activa de la sociedad en las acciones de gobierno y en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo.

Armonización del ordenamiento
territorial con la planeación del desarrollo

El documento elaborado por la Fundación Foro Nacional por Colombia es de mucha trascendencia y cobra mucha vigencia cada día más, en la medida en la que la sociedad colombiana se vaya ajustando a la nueva escenografía nacional en la que toda la población se involucre en su consolidación como país en paz y en desarrollo, entendiéndolo así quienes se encuentran en posiciones de poder, tanto desde la Presidencia y sus ministros, como de Gobernadores y Alcaldes y sus equipos de gobierno.

Afirman en su documento, la Fundación Foro Nacional por Colombia, que: “Uno de los temas de mayor importancia para el país es la articulación de la planeación del desarrollo y la planeación del territorio. Desde su implementación normativa, a través de las leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 se buscó esta visión conjunta como principio fundamental de la gestión pública. En este sentido se señaló que, esta última define la perspectiva de largo plazo, en lo relacionado con la planeación física, la vocación y uso del suelo en las zonas rurales y urbanas, por otro, los planes de desarrollo, establecen la visión de corto y mediano plazo en el campo económico y social, así como, las intervenciones  orientadas a garantizar su aprovechamiento sostenible del territorio”.

Reconocen una serie de falencias al respecto, afirmando: “A pesar de estos principios en la mayoría de los casos ambos instrumentos se formulan e implementan de manera separada, sin la coordinación necesaria para construir una perspectiva conjunta sobre las necesidades de los municipios y departamentos”.

Y sugieren: “Sobre este punto, se requiere que la modificación de la Ley de planeación articule los procesos de ordenamiento territorial de la siguiente manera:

- Obligación de su adopción: los municipios con menos de 30.000 habitantes deben elaborar Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), los municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los municipios con más de 100.000 habitantes Planes de Ordenamiento Territorial”.

Además, indican: “Para garantizar la aplicación de la planeación territorial, los instrumentos de ordenamiento territorial se encargarán de definir: sistemas de comunicación, la clasificación del suelo en el área urbana y rural, delimitación de las áreas de protección y de preservación en las que está prohibido realizar actividades económicas como la minería y los hidrocarburos teniendo como base el artículo 313 de la Constitución del 91, planes viales y de transporte, programas de vivienda y de atención del riesgo, sistemas de aprovisionamiento de agua, normas urbanística y habitacionales y la estrategia de financiamiento a través de la plusvalía y otras fuentes, atendiendo la viabilidad y la sostenibilidad fiscal de cada territorio”.

La Participación Ciudadana y la Presupuestación Participativa en la coyuntura actual de la implementación de los Acuerdos de Paz, en resumen, son trascendentales para dar el salto cualitativo y cuantitativo que requiere Colombia para salir del subdesarrollo y entrar definitivamente en la dinámica de la paz con desarrollo sostenible y sustentable. Que así sea, por nuestro amado país y su gente laboriosa y amable.

Escrito por: Fabio Monroy Martínez. Abogado-Periodista. Coordinador en Colombia,
Servicio Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ – AL